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¿Dar directo es lo mejor?


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Opinión

Cecilia Soto

Excelsior

16 de noviembre · 08:04am


“Dar directo y sin intermediarios” es la frase favorita del Presidente cuando habla de sus programas sociales. ¿Pero qué o quiénes son los intermediarios a los que hay que eliminar y por qué hay que hacerlo? No me quiero referir a los pretextos esgrimidos por el huésped de Palacio Nacional porque son eso: pretextos. La verdadera razón es establecer una relación directa entre quien se describe a sí mismo como el dador de los recursos, el Presidente, y quien lo recibe, el futuro elector. El programa supone o espera un empoderamiento de la persona que recibe el beneficio, un uso creativo o por lo menos útil, superior al que le daría el intermediario que, por definición, es corrupto o impide la iniciativa de los beneficiarios.

Hay tres ejemplos de los intermediarios que el Presidente ha eliminado o quiere eliminar. En el caso de las estancias infantiles, las mujeres que se organizaron con asesoría de la exSedesol y el DIF para prestar el servicio de cuidado de infantes de 1 a 4 años. En el caso de los comités de padres de familia de las escuelas públicas, a la entidad que construía o mejoraba escuelas. Y, recientemente, se anunció que los créditos del Infonavit irán directo a los usuarios, quienes construirán sus casas, sin pasar por las compañías constructoras. Los abuelos, los integrantes de los comités de padres de familia, los beneficiarios de los créditos del Infonavit, ¿tendrán los conocimientos acumulados por años de experiencia en la crianza y estimulación temprana de los niños, en los protocolos para construir en zonas sísmicas o con riesgos de deslaves?

Nada de esto es muy original. De hecho, en África, en Kenia, hay un movimiento que se llama precisamente Dar Directo. Sólo que este movimiento y otros que buscan empoderar a los ciudadanos más pobres a través de un ingreso extra, presuponen que existen servicios e infraestructura a los que se tendrá acceso una vez que lleguen esos ingresos nuevos. No suponen escoger entre contar con esos servicios o recibir el ingreso directo.

Para entender mejor el dilema que supone este enfoque vale la pena usar un ejemplo extremo e imposible, pero útil. Supongamos que el Presidente decide dar directo un ingreso extra a los ciudadanos para que cuiden de su salud y decide desaparecer el IMSS, el ISSSTE, los hospitales del sector salud y los de especialidades, porque ha encontrado importantes deficiencias, mucha corrupción y, sobre todo, porque estas instituciones son un intermediario entre el Ejecutivo y los ciudadanos. ¿Qué sucedería? Los ciudadanos tendrían un nuevo ingreso, algunos se organizarían para crear cooperativas de salud, algunos irían a los centros de salud privados, pero la mayoría no tendría cómo curarse, comprar medicinas, acceder a equipo médico necesario. No todo es ingreso. La infraestructura y la prestación de servicios es la concreción de esfuerzos de generaciones anteriores. ¿Por qué tirarlos a la basura? Eso es exactamente lo que ha sucedido con las estancias infantiles: una minoría ha sobrevivido gracias al apoyo de los gobiernos estatales o municipales, pero una mayoría desapareció. Las madres de familia cuentan con 800 pesos mensuales extra, pero no tienen a dónde dejar a sus hijos; han recurrido a los abuelos o han tenido que dejar su trabajo.

El Presupuesto 2021 amplifica al extremo la falacia de dar directo al tiempo que se destruyen servicios o infraestructura vitales para la sociedad. En una gira reciente por Chihuahua, el Presidente justificó la falta de envío de recursos extra para combatir la pandemia con el adelanto a las mensualidades de quienes reciben sus programas. Estos recursos dispersados entre la población pueden ayudar en el consumo, pero no permiten equipar hospitales, mejorar carreteras, adquirir ambulancias o equipos para diálisis y respiradores. Por ejemplo, el PEF 2021 contempla cero inversión en el mantenimiento de carreteras y cero pesos para construcción y modernización de caminos rurales. O cero recursos para programas de vacunación en estados de la Alianza Federalista. Hay un aumento del 3.6% en los programas del Presidente y una disminución de casi el 9% de los recursos asignados a las entidades federativas. En total hay una disminución del gasto federalizado de 182 mil millones. Y ello significa menos inversión en educación, en atención a grupos vulnerables, en desayunos escolares, etcétera.

A esta reducción bárbara hay que sumarle el impacto de la desaparición de los fideicomisos, algunos de ellos con un importante impacto regional: el Fondo Minero, que compensaba a los municipios mineros del castigo ambiental asociado a la actividad minera o el Fondo Metropolitano, que permitía inversiones que beneficiaban zonas conturbadas. El presupuesto para 2021 está concebido como si los recursos recaudados nacionalmente fueran del Ejecutivo federal para sus caprichos y ocurrencias y los habitantes de las entidades federativas ciudadanos de segunda.

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