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¿Alianza Federalista, sí o no?


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Opinión

Cecilia Soto

Excelsior

23 de noviembre de 2020 · 12:58pm


«De resultar electo/a, ¿se afiliará usted a la Alianza Federalista?» No tengo duda de que ésta será una de las preguntas clave que tendrán que responder los y las candidatas a gobernadores en las próximas elecciones. En las encuestas que incluyen el tema federalista, las opiniones son abrumadoramente favorables a los aliancistas por una razón fácil de entender. La gente vive en las entidades federativas, no en Palacio Nacional. La Federación es una abstracción sobre la que discuten letrados y especialistas. Los estados y municipios son la realidad cotidiana en la que la gente vive, trabaja, desarrolla a su familia y padece los efectos de la pandemia y la crisis económica. Ha sido la Alianza Federalista la que defiende un curso diferente al manejo de ambos desafíos.

En la semana que inicia este lunes, los diez gobernadores aliancistas presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sendas controversias constitucionales que cuestionan la pertinencia y constitucionalidad del decreto publicado el pasado 6 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena la extinción de 109 fideicomisos. ¿El decreto contribuye o dificulta la participación de las entidades federativas en el ejercicio de planeación democrática que ordena el artículo 25 constitucional? ¿El decreto cumple con la disposición oficial que ordena una evaluación rigurosa del desempeño de cada fideicomiso antes de modificarlo? ¿La extinción de los fideicomisos resulta en un previsible aumento del bienestar de los ciudadanos a los que afectaba o, por el contrario, los desampara, los hace vulnerables a imprevistos y otras dificultades? ¿El decreto interfiere de forma arbitraria en el ejercicio del presupuesto de las entidades federativas? ¿El decreto interrumpe obras y proyectos incluidos en el ejercicio de gobierno aprobado por los congresos locales? ¿El decreto podría confiscar recursos privados o internacionales que participan en los fideicomisos? ¿El decreto amenaza la viabilidad, incluso la existencia, de instituciones que probadamente han tenido un impacto positivo en la entidad o municipio?

En pocas palabras, ¿puede el Poder Legislativo autorizar al gobierno central a afectar negativamente la capacidad de los gobiernos estatales para garantizar el bienestar de sus ciudadanos? ¿Puede y es legítimo que el Poder Legislativo decida confiscar recursos que se ejercerían territorialmente en las entidades federativas para destinarlos a proyectos prioritarios del gobierno central?

Aunque el plazo para presentar las controversias constitucionales vence el 7 de enero próximo, la iniciativa de los gobernadores aliancistas busca suspender lo ordenado en el artículo cuarto transitorio del decreto: las entidades federativas y los responsables de los fideicomisos deberán concentrar en la Tesorería de la Federación, en un plazo de 30 días naturales, es decir, hasta el 6 de diciembre, los recursos resguardados en los fideicomisos. De dónde se deriva otra interrogante: ¿Es legítimo que la Cámara de Diputados renuncie a su obligación constitucional de decidir el destino de los recursos públicos y, en el caso de los que se concentrarían en la Tesorería por el artículo cuarto transitorio, entregue esta facultad a la Secretaría de Hacienda?

La extinción de los fideicomisos afecta a toda la República, no sólo a las entidades aliancistas. Basta recordar el ejemplo de su efecto pernicioso en los centros de investigación científica. México y el mundo entero se beneficiarán de los fuertes equipos de investigación científica de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y otros, cuyos aportes han permitido el desarrollo de varios proyectos de vacunas que están a punto de materializarse y, literalmente, salvar a millones de seres humanos de una muerte prematura y de una parálisis económica catastrófica. Se trata de esfuerzos de décadas en formación de investigadores, perfeccionamiento de técnicas y equipamiento, publicaciones, formación de equipos internacionales, universidades que dedican parte sustancial de sus presupuestos a fomentar la investigación. Pero no en México. ¿De qué soberanía habla el Presidente cuando confisca recursos a los centros de investigación, varios de ellos con proyectos relevantes al combate de la pandemia? ¿La soberanía del trapiche?

Es por ello que la iniciativa jurídica de la Alianza Federalista no sólo busca que la SCJN se pronuncie sobre el fondo y la sustancia del debate sobre los fideicomisos, sino que suspenda el acto reclamado, a fin de no poner en riesgo no sólo proyectos de infraestructura o recursos de emergencia en caso de desastres o incluso la lucha contra la delincuencia, sino que también proteja a universidades y centros de investigación para aspirar a realmente ser soberanos. “¿De ganar la elección a la gubernatura, usted se uniría a la Alianza Federalista?”, será una pregunta que hará ganar o perder elecciones.

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